En entrevista con la 1330 AM, el Dr. Pedro Ovelar, abogado del expresidente Horacio Cartes, fue consultado sobre el oficio que recibieron Última Hora y ACB Color de parte de la Fiscalía, en el marco de la denuncia presentada por el exmandatario por persecución política. El Ministerio Público solicitó la identificación de los periodistas que redactaron notas sobre las empresas de HC y los pagos al ex titular de la Seprelad Óscar Boidanich.

En ese sentido el letrado aclaró que la diligencia realizada por el Ministerio Público es decisión propiamente de la institución, no es una solicitud de la defensa. “Es una decisión del Ministerio Público solicitar la forma que lo ha hecho”, agregó.

“Hay circunstancias que rodearon al caso, que hicieron una campaña de desinformación, presentarle a Cartes como un lavador de dinero, como vinculado al narcotráfico, al terrorismo, pero sin haber un solo proceso que determinara una condena o prueba fehaciente de certeza”, dijo sobre la campaña mediática propiciada desde órganos estatales que manipularon información para presentarla a la opinión pública.

Por ejemplo dijo que en un informe de la Seprelad se colocó que Unicanal compraba cigarrillos, que Cartes le vendía a sí mismo o que estaba ligado a países involucrados en lavado de dinero, y se sacaron en grandes titulares y con indicaciones tendenciosas. Siendo lo anterior totalmente falso.

El Ministerio Público está investigando, tras la denuncia hecha por Cartes, la filtración que se hizo a los medios de prensa, de modo a saber quiénes son los funcionarios públicos responsables del ilícito cometido.

“En ningún momento hemos denunciado periodistas ni hemos dicho que tienen la obligación de callar o no pueden expresarse como desean. En ningún momento hemos amedrentado a un periodista ni dicho que hayan cometido algún ilícito. Sí hemos dicho que funcionarios públicos, órganos del Estado, han realizado acciones violando disposiciones legales para perseguir políticamente, circunstancia totalmente distinta”, dijo.

No obstante, reconoció que estos funcionarios también se valieron de medios de prensa para que tenga repercusión, porque de lo contrario no hubiera tenido el mismo efecto que lo hayan hecho solo en el ámbito de sus instituciones.

Ovelar reiteró que esta es una investigación sobre filtración, con la cual se busca saber de qué manera el entonces presidente Mario Abdo Benítez tuvo acceso a la información sensible y confidencial de la Seprelad y lo hizo público mediante la prensa. “Acá no se trata de periodistas, sino que se trata de investigar quiénes filtraron la información, para qué lo hicieron y qué es lo que filtraron”, explicó.

En la entrevista dijo que la información de la Seprelad fue manipulada al presentarse hechos calificados erróneamente. “Hay hechos que son calificados equivocadamente y son tendenciosos con la intención de perjudicar, o sea que hay una serie de hechos que se van a ir dilucidando a medida que ocurra la investigación y conforme nosotros vamos a ir destacando en la investigación”, agregó.

El entrevistado sostuvo que el fiscal deberá responder por qué solicitó la identificación de los periodistas. Sin embargo, dejó en claro que en ninguna parte del requerimiento se obliga a revelar la fuente de información de ambos medios de prensa. En tanto que el fiscal sí está obligado a investigar.

Ovelar recordó que existe una diferencia entre que a alguien le esté prohibido revelar algo, que a alguien le esté permitido no revelar algo. Explicó que el periodista no está obligado a revelar la fuente, por ende la Fiscalía no puede obligarlo. En cambio al abogado, médico o farmacéutico le está prohibido revelar algo que haya tenido conocimiento en el ejercicio de sus funciones.

“Si (vos periodista) tenés una alta moral ética y valores que te llevan a querer esclarecer un hecho que llegó a tu conocimiento y lo publicaste, no está prohibido que cuentes quién te dijo eso. Parece que está prohibido llamarle a testificar a un periodista y no es así. Que se lo llame no es un amedrentamiento, ya que dependerá de lo que decida el periodista hacer, si revela o no su fuente, ya que está amparado en derecho constitucional de no dar a conocer la identidad de su fuente”, esgrimió.

“El fiscal está obligado a investigar y el periodista puede ser citado a declarar, pero no puede ser obligado a responder”, agregó.

Al parecer de Ovelar, ABC y UH pueden tener una línea editorial contraria a Cartes, pero que no corresponde que la Seprelad, Anticorrupción y funcionarios de Abdo hayan estado filtrado información tergiversada para perseguirlo.

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En otra entrevista radial, con Central Radio, Ovelar sostuvo que el ejercicio del periodismo posee una protección de rango constitucional, por lo que es libre y no existe ningún requisito para trabajar o sanción alguna por esa labor.

Remarcó de vuelta que el Ministerio Público está obligado a investigar y no le está prohibido preguntar a un periodista. Mientras que el periodista no está obligado a responder y la Fiscalía no lo puede procesar o sancionar por no revelarle su fuente.

Ovelar dejó en claro que no existe ningún ánimo de parte de Cartes de ir tras algún periodista o que revele su fuente.

La acción encarada por la Ande se realizó en el marco de las festividades del 14 y 15 de mayo, con el fin de acompañar todas las actividades previstas en los días de conmemoración del día de la independencia del Paraguay y de las gloriosas madres paraguayas.

Se realizaron las reparaciones necesarias en 116 artefactos de alumbrado público, asegurando así un entorno seguro y adecuadamente iluminado.

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A su vez, la Policía Nacional prepara un operativo de seguridad para resguardar la seguridad de todas las personas que participarán de los diferentes actos festivos para este 14 y 15 de mayo.

Desde el viceministerio impulsarán alternativas de desplazamientos en caso de que el Centro de Empresarios del Transporte Público del Área Metropolitana (Cetrapam) persista con el paro de buses.

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Este denominado plan de contingencia incluye el apoyo y acompañamiento de instituciones gubernamentales, como el ofrecimiento del sector privado, para garantizar a los ciudadanos el servicio de transporte.

Fernández informó a los representantes de Opama, respecto a la reunión tripartita convocada por el Viceministerio de Trabajo para el próximo 16 de mayo, y las acciones que se llevarán adelante.

Indicó que las conversaciones con las organizaciones civiles son importantes y aportan de manera estratégica en el plan de reforma del sistema de transporte que se prevé impulsar. Además, reiteró que el paro de buses es una medida anacrónica, e insistió que el diálogo es el camino que conducirá a mejorar el servicio público.

“Rechazamos cualquier medida de presión como el paro, y nos mantenemos en eso. Nosotros hemos dicho desde el primer día que nuestra estrategia es el diálogo institucionalizado, lo que significa tratar los puntos en las mesas establecidas”, manifestó.

“Un paso trascendental, luchamos en su momento para que la ley se haga realidad. Hoy estamos haciendo realidad la reglamentación que va a permitir que productos paraguayos, productos que se realizan aquí en el Paraguay, el cemento, pueda ser utilizado para las obras viales, que nos van a permitir también dar, aparte de la mano de obra, una mayor calidad y durabilidad a nuestra red vial”, expresó el presidente Santiago Peña.

Al respecto de la promulgación, la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, manifestó que después siete años hoy finalmente están dando inicio a una transformación de infraestructura, la de pavimento rígido con cemento nacional, marcando un hito importante en el desarrollo del país.

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Cabe recordar que durante el Seminario Internacional Construcción de Pavimentos de Hormigón organizado por la Asociación Paraguaya de Carreteras (APC), la ministra Centurión había enfatizado la importancia del pavimento rígido, el hormigón, como un elemento fundamental en la ingeniería, destacando su nobleza y su contribución al progreso y desarrollo nacional.

Subrayó el papel crucial que desempeña la utilización de este tipo de pavimento, su impacto en la industria nacional, impulsando el crecimiento económico y la generación de empleo en todo el país.

IMPLEMENTACIÓN

Según el Decreto 1.683/24 “Que establece la utilización de pavimento rígido en los proyectos de obras viales”, a los efectos del cumplimiento gradual de las disposiciones contenidas en el Artículo 2° de la Ley N.º 5841/2017, será considerado “Primer año inicial” al año 2024, “Segundo año” al año 2025, “Tercer año” al año 2026 y “Cuarto año” al año 2027.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) deberá planear, programar, presupuestar y contratar la construcción de pavimento rígido en un porcentaje del: 15% del total de las obras viales programadas para el año 2024; 20% del total de las obras viales programadas para el año 2025; 25% del total de las obras viales programadas para el año 2026; 30% del total de las obras viales programadas para el año 2027 y subsiguientes, según reza el artículo 3 de la normativa.